Fue un verdadero revuelto la cuestión del Tratado de Libre Comercio en los noventas, cuando las cámaras de representantes de México, Estados Unidos y Canadá lo aprobaron. En ese entonces, era tanto el festejo que la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI) vaticinaba la creación de más empleos con mejores remuneraciones. Según la información que se manejaba, el TLC beneficiaría a más de 400 millones de personas al producir aproximadamente 6.5 trillones de dólares (Garza, 2010). Lo que el gobierno mexicano nunca vaticinó fue que México, y específicamente las ciudades fronterizas como Juárez o Tijuana, se convertirían en el patio trasero de la nación más poderosa del mundo.
Es cierto que antes de su aprobación, el TLCAN
generaba preocupación entre los residentes de ambas comunidades fronterizas,
pues habían caído en la cuenta, con el transcurso del tiempo, que las
maquiladoras no eran tan inocuas como en un principio parecía. Puede
considerarse que las primeras actividades ambientales del Tratado fueron la
creación del Banco Norteamericano de Desarrollo (BANDAN), cuya sede es San
Antonio, Texas, y la creación de la Comisión de Cooperación Ecológica
Fronteriza (COCEF), con sede en Ciudad Juárez. Esta última tiene la misión de
promover las condiciones ambientales de la frontera. Sin embargo, se ha
enfocado más a una cuestión de infraestructura que a otra cosa.
Un problema muy grave en el ambiente fronterizo
de Ciudad Juárez lo constituyen los vehículos chatarra que los residentes de
esa ciudad importan a relativamente bajos precios. Aquí se incluyen también las
unidades de transporte público que aún perviven en el sistema de movilidad de
la ciudad. Tanto los autos particulares como las unidades de transporte público
–que por cierto no son aptas para ser utilizadas en el transporte público dadas
las características con que originalmente fueron diseñadas y el público en que
se pensó– constituyen serias amenazas a las que el TLCAN, ni la COCEF miran de
forma eficaz.
Según información que abunda en el medio
periodístico, el parque vehicular de Ciudad Juárez superaba, hasta hace unos
años, las 600 mil unidades. Muchas de estas unidades ya cumplieron su vida útil
en Estados Unidos, y sin embargo siguen siendo utilizadas en esta frontera por
los residentes. El caso del transporte público es igual de desolador. Según una
investigación realizada por el maestro Armando Martínez, docente de Diseño
Industrial en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, las unidades de
transporte público que actualmente se utilizan, además de no cumplir con la
reglamentación necesaria para su utilización en el servicio de transporte
colectivo, muchas tampoco cumplen con las regulaciones ambientales.
En ese sentido, el Tratado de Libre Comercio
debió haber constituido una herramienta para apoyar la ecología de la frontera,
y sin embargo de una u otra forma tolera la importación de estos vehículos.
Como afirma el autor Victoriano Garza Almanza, la cuestión medioambiental en la
frontera está muy deslucida. Es evidente que hay otros factores que ensucian la
calidad del aire en Ciudad Juárez, según lo demuestran los análisis del área de
meteorología de la UACJ. Sin embargo, buena parte de esa contaminación del aire
proviene de tales unidades que siguen circulando en la ciudad al amparo de dichoso
Tratado.
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