Los problemas
ambientales han quedado rezagados, ya que las autoridades han considerado de
mayor importancia otras áreas de interés social, que a las correspondientes al
desarrollo sustentable del país.
Este grave error ha
mermado en la calidad de vida de los ciudadanos y compromete la de generaciones futuras.
Tal vez esto se deba a
que la legislación ambiental mexicana es muy reciente, ya que apenas a finales
de 1980, con la promulgación de la Ley General de Equilibrio Ecológico y
Protección al Ambiente (LGEEPA), juridificaron de manera sistemática las
relaciones entre el entorno ecológico y las actividades humanas.
A raíz de ello las
autoridades municipales y estatales pusieron en funcionamiento modelos
jurídicos para regular los aspectos ecológicos correspondientes al entorno que
los rodeaba, ya que a pesar de pertenecer al mismo país, era necesario crear
una legislación que atendiera los problemas específicos relacionados con el
medio ambiente que se presentaban en cada región.
A pesar de inclusión
formal del tema ambiental en la legislación mexicana a lo largo de los años,
esto no fue suficiente para erradicar de raíz los problemas relacionados con el
medio ambiente, debido a la poca importancia que el gobierno le otorgó a dichos
asuntos: desde las sanciones débiles hasta la insuficientes acciones tomadas
para castigar un delito de esta índole.
Por ello, organizaciones
civiles decidieron hacerse cargo de la problemáticas prevalecientes y presionar
a las autoridades para que cumplieran con sus obligaciones de proteger al medio
ambiente, preocupados por el futuro incierto de las generaciones venideras.
La nueva ola de justicia
ambiental y protesta social, comenzada por activistas sociales y organizaciones
civiles, es el resultado de una amalgama de circunstancias que han permitido la
concientización sobre la verdadera necesidad de reformar el panorama mundial en
el que se encuentra el ambientalismo.
“La articulación del
movimiento ambientalista se basa en valores y objetivos compartidos y por un
fuerte sentido de pertenencia. En este caso los valores cobran un papel clave
en la articulación; si bien existen sesgos se repite la apreciación de la
solidaridad, el respeto a la diversidad, la armonía y protección de la
naturaleza, etcétera.” (Gudynas, 2001).
La observación directa
de la degradación ambiental ha abierto los ojos de los ciudadanos, quienes han
respirado, bebido y sentido los estragos de los diversos factores que tienen al
mundo en una situación delicada, y de consecuencias irreversibles en caso de
continuar con la indolencia que se vive internacionalmente.
Las políticas
ambientales alrededor del mundo han avanzado los últimos años, debido a la
exigencia y activismo de la ciudadanía, que ha logrado mediar en diversas
ocasiones para que el gobierno considere la reformación de leyes obsoletas, que
ya no son suficientes para proteger de manera óptima el planeta en la
actualidad.
José Manuel Vargas Hernández, director jurídico del
Instituto Nacional de Ecología (INE), menciona en un ensayo sobre el tema que
la modificación al marco jurídico ambiental actual tiene entre otros propósitos
establecer las bases para llevar a cabo un proceso de descentralización
ordenado, gradual y efectivo de diversos asuntos ambientales en favor de los
gobiernos locales; ampliar los márgenes de la participación social en la
gestión ambiental, fundamentalmente en la toma de decisiones, el acceso a la
información ambiental y el derecho al ejercicio de acciones para impugnar los
actos de autoridad; fortalecer y enriquecer los instrumentos de la política en
la materia; reducir los márgenes de discrecionalidad de la autoridad; ampliar
la seguridad jurídica de la ciudadanía en materia ambiental e incorporar
conceptos fundamentales como los de sustentabilidad y biodiversidad, a fin de
aplicarlos a las distintas acciones reguladas por el propio ordenamiento, así
como el cumplimiento de los compromisos asumidos por nuestro país en los
tratados y convenciones internacionales en la materia.
Como consecuencia de
dichas leyes se han creado organismos gubernamentales que regulan las
cuestiones competentes al cuidado del medio ambiente, sirviendo como
conciliadores en la relación entre la actividad humana y el ambiente ecológico.
Pero no es sólo
necesaria la aprobación de leyes y reformas que garanticen una mayor protección
al ecosistema; también es indispensable que se cree una verdadera cultura de
consciencia ambiental en los habitantes, para que el funcionamiento de estas
regulaciones sea realmente beneficioso en el cuidado de la naturaleza.
A pesar de que muchos
han abierto los ojos ante la situación, la sociedad continúa en un letargo
ocasionado por la falta de racionalidad ecológica y cultura medioambiental
durante su formación familiar y escolar. Esto se debe en gran medida a la poca
difusión que tienen los aspectos ambientales en los medios de comunicación y en
la escasez de proyectos ecológicos en las campañas electorales.
El preferir voltear a
otro lado para no es opción en este momento, ya que los estragos de los
múltiples problemas ambientales presentes en el mundo están manifestándose en
formas dañinas para los ciudadanos como desastres naturales, afectaciones a la
salud y baja calidad de vida, debido a la pérdida paulatina de ecosistemas
naturales que contribuyan a la purificación del aire.
Actualmente lo que
respiramos es contaminación vial, desechos de las plantas industriales,
partículas fecaloides que pululan por el mal servicio de alcantarillado, el
exceso de perros callejeros y la
raquítica política de sanidad; los anteriores, son sólo unos cuantos ejemplos
los daños ocasionados por la falta de rigor en la legislación ambiental y la
poca consciencia que existe sobre este tema en la ciudadanía.
La corrupción también es
un factor que repercute en muchos ámbitos de la vida del país, incluyendo el
referente al medio ambiente; por ello, las iniciativas aprobadas en dicha
materia carecen de rigor, ya que existe una gran relación entre la explotación
a la naturaleza y las ganancias que perciben empresas dedicadas a explotar
recursos naturales o a realizar actividades que mermen el bienestar de los
ecosistemas nacionales, por lo cual se ven beneficiadas por las regulaciones
gubernamentales, debido al poder adquisitivo que tienen.
La falta de
profesionalización en dicha área también es un factor que interfiere en el
pleno desarrollo del cuidado medioambiental; no se impulsa a las carreras
ofertadas aplicadas al tema ecológico como se hace con otras áreas de estudio,
por lo tanto, el número de expertos en el tema es bajo, lo cual dificulta la
cobertura nacional en investigación ambiental.
Los estudios no han ido
más allá, debido también a la falta de subsidios que impulsen este ámbito, a
pesar de que el campo de trabajo se encuentra en todos lados y en cualquier
momento, ya que los problemas del medio ambiente están presentes por donde se
busque. El gasto verdadero sería al darle seguimiento al problema y contribuir
a la solución; desafortunadamente para las autoridades ha resultado más fácil
enfocarse en temas que requieran menos presupuesto y también menos acción.
Los profesionales que se
encargan de estudiar el medio ambiente no sólo son biólogos o ingenieros,
también están involucradas personas con distinta formación en diversos campos
de las ciencias, incluso sociales; más que la profesión se trata de la convicción
por desear contribuir al mejoramiento del planeta en esta nueva ola de
justicial ecológica.
La protección ambiental
no significa sólo ecología ni ingeniería ambiental, requiere de la
participación de un sinnúmero de disciplinas del conocimiento humano. Inevitablemente,
la sociedad se ve obligada a definir el ambiente que desea, quiere y puede
tener; ésta es, por ende, un etapa singular en la historia de la humanidad
(Cabrera, 1999).
En conclusión, todos
somos partícipes activos de la realidad en la que nos encontramos, basta con
mirar a nuestro alrededor para comprender cuanto nos seguimos equivocando en
cuestiones que afectán al medio ambiente e imposibilitan la permanencia de lo
que actualmente conocemos como vida y naturaleza.
El surgimiento de
movimientos que alientan a conseguir quitar esa venda de los ojos que poseen
muchos de los ciudadanos, es sólo un comienzo para lograr un cambio palpable en
la cultura medioambiental, pero lo anterior es sólo una de las acciones que
deben realizarse, ya que esa consciencia debe desarrollarse desde que se
comienza a criar a los niños del hogar, para que así podamos poco a poco vivir
en una sociedad que reconozca desde el principio la importancia que tiene el
entorno en donde se desenvuelve su existencia.
Iliana Estrada Acero
19/05/14
Referencias
Gudynas,
E. (2001). Actores sociales y ámbitos de
construcción de políticas ambientales. NEPAM: Brasil.
Vargas,
J.M. (2007). La legislación mexicana en
materia ambiental. INE: México.
Cabrera,
Lucio. (1999). Derecho ambiental
mexicano. UNAM: México.
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